La deforestación ilegal destruyó 10.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica de Brasil en el primer semestre del 2019, un aumento del 30% frente al 2018 y la mayor superficie destruida desde el 2008. ¿Quiénes son los responsables? Pues delincuentes comunes en una selva sin ley, aún más en tiempos del presidente ultraconservador Jair Bolsonaro.
Son especuladores de suelo que falsifican los derechos de propiedad –los llamados grileiros – en nombre de terratenientes ganaderos que pagarán mucho por pastos sin árboles. Son madereros que talan árboles para el mercado de muebles de lujo. Mineros artesanales, como los legendarios garimpeiros fotografiados por Sebastião Salgado.
Sin olvidar a los campesinos pobres sin tierra que invaden áreas de la selva para cultivar su propia comida. El 44% de esta deforestación amazónica ocurre en suelo que es propiedad del Estado donde ya escasean los controles.
Pero existe otro frente de destrucción en el bioma de El Cerrado, un enorme ecosistema mesetario que se extiende por más de dos millones de kilómetros cuadrados –cuatro veces mas grande que España– al sudeste de la Amazonia, desde Mato Grosso hasta los estados del nordeste. Los responsables de esta deforestación no son pequeños delincuentes sino los dueños de la industria multinacional de la soja. Es más, la destrucción de El Cerrado, en su mayor parte, cumple con la ley brasileña.
Los pioneros de la deforestación en El Cerrado son grandes hacendados como Blairo Maggi, exgobernador de Mato Grosso conocido como el Motosierra de Oro, que amasó una fortuna superior a los mil millones de dólares gracias a la soja. Son fondos financieros globales con sede en EE.UU. como BlackRock o la empresa que gestiona el endowment –provisión para asegurar becas–de la Universidad de Harvard. Sin olvidar a los gigantescos agentes de bolsa transnacionales de commodities –materias primas y bienes primarios–, como Cargill, Bunge o ADM, con sede en Minnesota, Nueva York y Chicago.
En el 2006, estas multinacionales firmaron una moratoria sobre la soja en la Amazonia, que vetaba su producción en áreas deforestadas. El resultado fue espectacular: la deforestación provocada por la entrada de la soja en la Amazonia cayó del 30% al 1% entre el 2006 y el 2008. Diez años después, se había eliminado por completo la deforestación causada por la industria de la soja, según un estudio de la Universidad de Wisconsin. Aunque Bolsonaro y los terratenientes aliados del presidente han criticado la moratoria en los últimos meses, las multinacionales exportadoras de la soja y sus clientes insisten en que no comprarán soja de suelo deforestado en Amazonas.
En El Cerrado se han destruido más de medio millón de hectáreas en sólo cuatro añosn el 40% de todos los bosques
Pero en El Cerrado se han destruido más de medio millón de hectáreas en sólo cuatro años (entre el 2011 y el 2015) –el 40% de todos los bosques– para allanar el camino al anodino monocultivo de soja. Esta deforestación no viola la ley. Según el código forestal brasileño, sólo el 20% de los latifundios en la Amazonia puede ser deforestado. En cambio, en El Cerrado, que alberga el 5% de las especies conocidas, 4.800 de ellas únicas en el planeta, los grandes latifundistas tienen licencia para destruir la vegetación autóctona en nada menos que el 80% de sus fincas.
Aunque Cargill y los demás brókers multinacionales han anunciado prolongar la moratoria en la Amazonia indefinidamente a partir del 2016, se niegan rotundamente a adoptarla en El Cerrado. “Sacar a productores que deforestan de la cadena de suministro en El Cerrado no resolvería el problema sino que lo trasladaría a otras compañías”, dijo un portavoz de la megaempresa que factura casi 100.000 millones de euros al año.
El trato diferencial tiene una explicación obvia. Sólo el 10% de la producción de la soja brasileña procede del Amazonas, frente al 50% en El Cerrado.
Las exportaciones de soja, principalmente a Asia y Europa, son ya un elemento imprescindible del crecimiento del PIB brasileño. Es más, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China han creado aún más oportunidades para los exportadores de una materia prima usada principalmente como alimento para la industria global de carne.
“La Amazonia y El Cerrado son muy diferentes. En la Amazonia el 60% de la superficie es propiedad del Estado; en El Cerrado es todo privado y la producción de la soja es estratégica; es muy difícil repetir la moratoria en El Cerrado”, manifestó Andre Guimarães, el pragmático director de IPAM, el instituto de análisis medioambiental en Brasilia.
La importancia planetaria de El Cerrado como sumidero de CO2 o como reciclador de agua dulce no es tan grande como la Amazonia, según el IPAM. Pero sus enormes acuíferos y árboles de raíces de 30 metros de profundidad son de importancia crítica para el clima local... “ El Cerrado es el depósito de agua subterráneo más importante de Brasil; recicla el agua en todo América del Sur y es hiperimportante para evitar sequías”, dice Guimarães.
Cargill y los otros brókers de cereales ya son el blanco de una nueva campaña de oenegés medioambientalistas que piden una moratoria en El Cerrado. “Cargill va a exportar al mundo los productos de la destrucción consentida por Bolsonaro”, dijo Glenn Hurowitz, de la oenegé estadounidense Mighty Earth, que acaba de publicar un informe titulado Cargill, la peor compañía del mundo . “Brókers como Louis Dreyfus han ido mucho más lejos para eliminar a productores que deforestan en El Cerrado”, añade Hurowitz. Cargill anunció, justo antes de la COP25 de Madrid, el objetivo de reducir antes del 2030 un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero en sus cadenas de suministro, muy poco y muy tarde, según Mighty Earth.
Primer semestre del 2019
La deforestación ilegal arrasó 10.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica
Los clientes de los corredores de bolsa de la soja –desde marcas multinacionales de comida rápida hasta cadenas de grandes superficies como Carrefour o Lidl, activas en la defensa de la Amazonia– tampoco han presionado mucho en defensa de los bosques de El Cerrado. “Todo el mundo quiere tomar la iniciativa, pero hay una guerra de precios y nadie quiere perder competitividad”, dijo Dawn Emerson, directora de sostenibilidad de Cargill.
Según un estudio de Mighty Earth, Burger King –cuyo accionista principal es Paulo Lemann, el hombre más rico de Brasil– compra carne de cerdo y pollos alimentados a base de soja procedente de áreas deforestadas del estado de Bahía para sus cadenas en Europa. La multinacional de comida rápida se ha comprometido a eliminar la deforestación en su cadena de suministro, pero no hasta el 2030.
España importa cuatro millones de toneladas de soja al año de Sudamérica, principalmente como pienso de cerdos y pollos. Una gran parte pasa por la planta de Cargill en el puerto de Barcelona. No hay iniciativas en España para acordar políticas para reducir la soja de áreas deforestadas. Y como han comprobado los asistentes a la COP25 este mes es difícil encontrar una valla publicitaria en Madrid que no sea anuncio de Burger King.
No son sólo los árboles de El Cerrado los que caen ante la implacable invasión de la soja. Caen seres humanos también. “Se acercó un automóvil 4x4 de la empresa de seguridad Estrela Guia con dos vigilantes armados. Discutimos. El guardia sacó una pistola; salimos corriendo, pero el tiro alcanzó a Fernando”. Es el testimonio de André Guedes, un joven campesino de 23 años vecino de una de las diez aldeas que tuvieron la mala suerte de ser engullidas por el gigantesco latifundio Fazenda Estrondo.
“Íbamos montados, yo en una mula y Fernando en un caballo, para recoger nuestras vacas; era una zona donde antes podíamos pasear”, siguió contando. Fernando Ferreira, de 22 años, levantó su pantalón para enseñar la herida de la bala.
La Fazenda Estrondo ocupa 300.000 hectáreas en el entorno del pequeño municipio de Formosa do Rio Prieto, en el oeste de Bahía, colindante a Tocantins, una de las zonas de expansión vertiginosa de la soja en Brasil. Unas 100.000 hectáreas –el 50% de la superficie de la hacienda– fueron deforestadas entre 1993 y el 2004 y sustituidas principalmente por soja.
A principios de este año la hacienda solicitó autorización para destruir 25.000 hectáreas más. Pero surgió un molesto obstáculo para los inversores multimillonarios de la hacienda, liderados por el financiero de Río de Janeiro Ronald Guimarães Levinsohn, cuyo banco Delfin estafó a miles de ahorradores veinte años antes. Enfrentadas a la soja estaban las siete comunidades de campesinos, sólo 47 familias, pero con raíces en el oeste de Bahía tan profundas como los arboles de El Cerrado.
No es de extrañar la tenacidad de los geraizeiros , en su mayoría afrobrasileños. Sus antepasados llegaron al oeste de Bahía a finales del siglo XIX tras participar en la resistencia numantina de Canudos. Como se puede leer en la apasionante novela de Mario Vargas Llosa La guerra del fin del mundo , Canudos se convirtió en un símbolo del heroísmo trágico del pueblo del nordeste brasileño. Liderada por el profeta apocalíptico el Consejero , una rebelión popular integrada por campesinos blancos, esclavos fugitivos e indígenas resistió durante dos años de asedio y cañonazos de las tropas federales. Al final, casi nada permanecía con vida.
Pero algunos lograron huir. Los bisabuelos de los habitantes mayores de las cinco comunidades en la Fazenda Estrondo huyeron al oeste y establecieron sus comunidades campesinas en Formosa do Rio Preto. Autosuficientes, se dedican aún a la pequeña ganadería y al cultivo de alimentos como los fríjoles y la yuca, así como a la famosa artesanía de la región, el capím dourado .
En los años ochenta, Levinsohn se apropió del terreno –de forma fraudulenta, según el instituto responsable de la reforma de la tierra en Brasil– con la ayuda de unos grileiros brasileños que falsificaron los títulos de propiedad. Los campesinos, que, según la ley brasileña, tenían derecho de propiedad por haber vivido en la zona durante un siglo, reclamaban 43.000 hectáreas de tierra que usaban principalmente de pasto para su ganado.
Amenaza al ecosistema
La región es importante como recicladora de agua dulce, crítica para el clima local
Desde entonces las comunidades campesinas han vivido en un asedio que nada tiene que envidiar al que sufrieron los rebeldes de Candaos. Las grandes compañías de soja han levantado vallas de alambre de espino, con trincheras de tres metros de profundidad así como una serie de garitas con torres de vigilancia ocupadas por policía privada de la Estrela Guia. Los caminos de tierra que los campesinos usan para ir de una comunidad a otra han sido bloqueados. “Prácticamente estamos cercados; la soja ha traído muchos problemas”, explica André.
Los gerentes de la Fazenda Estrondo responden que todo lo que hacen está dentro de la ley. “Ninguna carretera pública ha sido bloqueada, y las garitas son necesarias porque hay muchas robos, los campesino las destruyen”, dijo el administrador de la hacienda, Daniel Ferraz, en una entrevista mantenida en Rio de Janeiro.
Los guardias que dispararon contra los jóvenes campesinos sostienen que estos también iban armados, lo que Guedes y Ferreira desmienten. Ante las acusaciones de que ha habido deforestación ilegal, responde que se ha cumplido con el requisito legal de conservar el 20% en la reserva legal.
Pero esto lleva un truco, dice el padre Martin Mayr, un pastor austriaco residente en Barreiras, la capital de la soja en el estado de Bahía, que ha denunciado violaciones contra los campesinos de Estrondo. “Tenemos una especie de desahucio verde porque quieren echar a los campesinos para poder incluir sus tierras en el 20% de la reserva protegida”.
Por supuesto, las multinacionales de la industria sojera no son ajenas a lo que ocurre detrás del alambre espino de la Fazenda Estrondo. Hay un almacén de Cargill y otro de Bunge en la periferia de la hacienda. Una mínima presión desde las sedes de los dos gigantes de la soja en EE.UU. bastaría para garantizar los derechos de los campesinos. Pero Cargill insiste en que “no tiene ninguna relación con los conflictos”, según respondió su portavoz en São Paulo.